Tras conocerse la proposición que CiU plantea en Cataluña para modificar el artículo 15.2 de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, que recoge el artículo 277 del anteproyecto de ley, propuesto por el Departamento de Salud, de simplificación, de agilidad y restructuración administrativa y de promoción de la actividad privada (Ley Ómnibus), mediante el que se autoriza a los hospitales del ICS a realizar actividad privada en sus instalaciones, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad nacional que representa la mayoría del sector sanitario privado del aseguramiento y la provisión, manifiesta su total desacuerdo con dicha medida y una honda preocupación por su planteamiento.

En primer lugar, dado que la proposición permite el uso de los recursos públicos por dos vías diferentes, ineludiblemente y con independencia de ninguna matización, la propuesta alteraría de manera irremediable el concepto de sanidad pública y profundizaría más en el concepto de diversidad asistencial, generando mayores desequilibrios territoriales, ahondando en la falta de equidad y cohesión de un sistema ya de por sí en crisis de solvencia financiera y de gestión.

El sector sanitario privado emplea, en el momento actual, a más de 320.000 profesionales cualificados y es, sin duda, uno de los motores más estables de la economía. Con independencia de los precios con los que pretendiera competir el sector público realizando actividades privadas, en cualquier caso supondría una flagrante situación de competencia desleal frente al sector privado de provisión que invierte, a su riesgo y ventura, en unos recursos que el sistema público financia con los fondos de todos.

Además, se da la circunstancia de que quien tiene que regular en Cataluña la actividad privada es la propia Administración que realiza la propuesta, por lo que esta medida generaría por sí misma una autentica situación de indefensión a los proveedores privados.

Debido a la dureza de la crisis económica que se ha asentado con especial crudeza en España, hoy más de la mitad de los centros privados se plantean medidas que mejoren su sostenibilidad como por ejemplo reducciones de personal, cierre de servicios y en algunos casos incluso el cierre del establecimiento sanitario. Si a esta situación ya de por si muy grave, le añadimos las consecuencias de esta propuesta, estamos abocando a la catástrofe a un sector que genera empleo de calidad y riqueza y ayuda a que el sistema público siga siendo viable a través de la descarga que produce no solo de la demanda sino también de la partida sanitaria de los Presupuestos Generales del Estado (1.400 euros por persona asegurada y año).

En el espíritu de cualquier anteproyecto de ley no debería primar el cortoplacismo economicista, sino el interés sanitario general y la salvaguarda a ultranza del sistema en su conjunto, tanto en su vertiente pública como en la privada, y más si cabe en un momento en que todos los indicadores concluyen que la sostenibilidad del sistema está realmente en entredicho.

El sector sanitario privado aporta un enorme valor añadido en términos de empleo cualificado, contribución al PIB y descongestión de un sistema sanitario público ya de por sí desbordado y necesita marcos estables de referencia para su desarrollo y no puede estar sometido constantemente ni al dogmatismo de hacer públicos todos los servicios relacionados con la salud, ni al oportunismo electoralista, ni al vaivén político de cada situación y momento, de lo contrario se producirá un deterioro importante del sector sanitario privado que a su vez pondría en riesgo al propio sistema sanitario público.